Los municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja desembolsas miles de euros todos los meses para reponer tendidos de cable eléctrico robados, un material codiciado en el denominado “mercado negro del cobre”.

Municipios como Daya Vieja, Almoradí, Rojales, San Fulgencio y Formentera del Segura se han unido en los últimos meses a la lista de localidades alicantinas que han tenido que afrontar “gastos extraordinarios” procedentes de sus arcas municipales para reponer el cableado sustraído.

Fuentes municipales han coincidido en afirmar a EFE que son “gastos que obligatoriamente hay que afrontar, pues los robos de cable eléctrico afectan al funcionamiento de instalaciones deportivas, escuelas infantiles e iluminación de calles”.

Un claro ejemplo es Almoradí, donde el hurto de cable para la venta del cobre afectó recientemente a los centros deportivos municipales, cuya actividad quedó suspendida durante un semana.

A este robo se sumó a finales del pasado mes de noviembre el del cableado de la plaza “La Amistad”, días antes de ser inaugurada.

“En octubre sustrajeron 350 metros de cable, en noviembre unos 700 metros más y la pasada semana alrededor de 400″, ha afirmado el edil de Almoradí Alfonso García, que ha cuantificado estos robos en “unos 7.000 euros”.

A pocos kilómetros, en Daya Vieja, su Ayuntamiento ha desembolsado recientemente 3.200 euros para afrontar el robo de 900 metros de cable.

“Son cantidades económicas que pueden parecer ridículas, pero si las sumamos se convierten en cuantiosas, especialmente para ayuntamientos pequeños”, han añadido las citadas fuentes.

Las bandas internacionales de delincuentes han visto “un negocio redondo y de pequeño riesgo penal” la demanda de este metal desde los países del Este de Europa y de Asia, que precisan del cobre para la implantación de nuevas tecnologías, han informado fuentes de la Guardia Civil.

En muchas ocasiones, los delincuentes “nacionales”, conocedores de esta situación, colaboran con estos grupos organizados y son ellos quienes realizan los robos para posteriormente vender el material a los grupos organizados, que los revenden a receptores nacionales o los envían al extranjero para negociar su precio.

Las zonas más afectadas por estos robos son los planes parciales, las urbanizaciones y las zonas sin viviendas pero con la instalación del alumbrado público terminada.

Estas últimas suponen el 80 por ciento de los lugares elegidos para el delito al no estar habitadas.

En el caso de Formentera y Rojales el cable robado pertenecía al tendido eléctrico de calles.

Entre 2.500 y 3.000 metros de cable fueron robados el pasado mes en el primer municipio, cuya reposición ha costado unos 20.000 euros, mientras que en la localidad rojalera su consistorio ha destinado 3.000 euros para hacer frente al robo de unos 600 metros.

Estos robos han puesto en alerta a muchos municipios, que han optado por intensificar los controles en el alumbrado público e instalar medidas de seguridad y cierre en las arquetas.

fuente/abc.es/